Paciente demanda a CCSS porque tres médicas ajenas accedieron a su expediente en EDUS

"Me siento ultrajada, como si hubieran entrado en mi cuerpo, en mi corazón, en mi mente, y me hayan arrancado todo para saciarse ellos de la información mía, para divulgarla, para conocimiento. Es sumamente frustrante todos los días levantarse pensando que terceras personas saben qué te pasó de niña, qué te pasó en adolescencia, por qué caíste en esta etapa adulta".

Ese es el sentimiento que embarga a una paciente del Hospital Psiquiátrico Roberto Chacón Paut, cuya información sobre su diagnóstico y tratamiento fue consultada sin autorización por tres médicas de centros de salud que nunca ha visitado y que son familiares o amigos de un allegado suyo.

Lo anterior ocurrió a través del Expediente Único Digital en Salud (EDUS), según se desprende de una certificación de la bitácora de ingresos al sistema, emitida por la Dirección General del Hospital Psiquiátrico el 17 de abril de 2024, a la que Teletica.com tuvo .

Precisamente, ese documento forma parte de una demanda que esta mujer, cuya identidad será protegida en este reportaje, planteó contra la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), en el Tribunal Contencioso y Civil de Hacienda.

Debido a que ese proceso está a la espera de la celebración del juicio respectivo y a que esa etapa es privada, la Dirección Jurídica de la institución a de los hospitales públicos del país rechazó emitir un comentario.

El debate se llevará a cabo el 7 y 8 de julio de 2026, confirmó a este medio la oficina de prensa de la Corte Suprema de Justicia.

Secretos ultrajados

La demandante relató a Teletica.com que, debido a una depresión que atraviesa, tuvo que ser internada entre el 19 de marzo y el 2 de mayo de 2024 en el Roberto Chacón Paut.

Un día, un familiar la visitó en el centro médico y le refirió que otro allegado le había comentado sobre una cita que le habían dado en el Hospital Maximiliano Peralta Jiménez. Tal situación le causó sorpresa, pues solo ella sabía de esa información.

Al pensarlo más meticulosamente, y atar algunos cabos, la paciente empezó a sospechar que ese tercero, médico de profesión, pudo haber husmeado en su Expediente Digital.

Por ello, hizo el reporte a su psiquiatra y esta puso en marcha el protocolo correspondiente.

Fue entonces cuando recibió un historial de consultas hechas a la plataforma y descubrió que, entre 1.° de julio de 2023 y el 5 de abril de 2024, tres médicas no autorizadas ingresaron a su perfil.

Se trata de dos funcionarias del Hospital San Rafael de Alajuela, quienes consultaron el 18 de julio de 2023 y el 7 de agosto de 2023; así como otra del Hospital Monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez, quien lo hizo el 20 de marzo de 2024.

Todos los ingresos se dieron en momentos en los que la mujer —supuestamente— estaba internada en centros médicos distintos a los antes indicados. La bitácora muestra que las doctoras buscaron el nombre de la demandante y vieron su historial.

La paciente sostuvo en la entrevista que las tres profesionales de la salud tienen algún tipo de vínculo con un allegado, mientras que en la demanda se establece que ninguna tenía justificación o motivo para hacer las consultas.

"En mi caso, yo tengo datos en mi Expediente Digital que son sumamente sensibles, al punto que tengo datos de traumas de mi niñez. Les estoy hablando desde los 6 años a los 12 años, de 12 años a 20 años, de 27 años hasta el día de hoy. Son traumas que me han marcado la vida y son datos tan sensibles que ni siquiera mis padres familiares o amigos más allegados conocen", recalcó la mujer.

Ante esta situación, la demandante asegura haber perdido la confianza en la Caja, lo que incluso la ha llevado a cuestionarse la información que comparte con quienes la tratan.

Lo que más le genera indignación es la postura que —asegura— ha mantenido la institución en su caso. Primero, con la denuncia que planteó a nivel istrativo y que acabó en un llamado de atención para la médica de Alajuela (la otra ya no trabajaba para el ente que vela por la seguridad social) y que, en Puntarenas, ni siquiera recibió respuesta alguna.

También le causa molestia que, en su descargo ante el Tribunal Contencioso istrativo, la Caja justificó que los ingresos hechos desde el Hospital San Rafael respondieron a errores y que no consta que hayan tenido a información sensible, al tiempo que en el Hospital Monseñor Sanabria Martínez se tiene como justificación que la médica estaba haciendo un seguimiento.

La institución además alegó que no se han aportado pruebas que vinculen a las médicas con la divulgación de información contenida en el Expediente Digital y, por tanto, no hay forma de determinar que se hayan revelado datos sensibles a terceros y que se haya provocado un daño a la mujer.

Consecuencias del caso

El abogado de la demandante, Marco Sánchez Pereira, fundamentó ante el Tribunal de lo Contencioso istrativo que lo sucedido con su clienta causó un daño moral y físico a la paciente.

Lo anterior como consecuencia de una violación a la confidencialidad del Expediente Digital de su representada, tras consultas por médicas ajenas a su estado de salud y tratamientos recibidos ante conductas de rabia, frustración, desánimo, depresión, deseos de autoeliminación y autolesiones.

A ello debe sumarse un daño físico derivado de la situación antes expuesta. Esto por cuanto la mujer, cuando se enteró sobre lo que había ocurrido con su información médica, entró en una crisis de pánico, golpeó en reiteradas ocasiones una pared y se fisuró el dedo anular de la mano derecha.

Tanto el jurista como su clienta enfatizaron en que su deseo con el presente proceso es sentar un precedente y que la Caja de Seguro Social endurezca sus filtros en casos similares, para que otras situaciones como la mencionada no se presenten de nuevo.

Sánchez Pereira recordó que el artículo 190 y siguientes de la Ley General de la istración Público establecen un sistema de responsabilidad para cubrir los daños derivados de conductas istrativas, como cree es el caso de la paciente.

"Nosotros somos conscientes que puede existir un error humano si consulta una vez. Pero si la persona consulta tres veces y después la siguiente persona del mismo centro médico de San Rafael de Alajuela vuelve a consultar al paciente, nos damos cuenta que hay una intención de obtener información de ese paciente que no está siendo valorado por los profesionales", indicó el abogado.